quarta-feira, outubro 31, 2007

11M - A Sentença da Audiencia Nacional em algumas imagens...


A "pen" que continha o ficheiro com o veredicto




Alguns dos familiares das vítimas




Os arguidos

Os arguidos

Os arguidos

Os arguidos

A sala de audiências

A sala de audiências

O transporte dos presos

A entrada da assistência popular

Ainda as lágrimas dos familiares das vítimas

O aparato policial
(Fonte: El Pais)

Ataque Terrorista de 11 de Março de 2004 - Fundamentação da Audiencia



Documentação:
O relato dos factos pelo El País, com base nas 57 folhas do acórdão proferido:
"La dinamita -"toda o gran parte"- fue robada de la asturiana mina Conchita por un grupo de yihadistas con la imprescindible ayuda del ex minero José Emilio Suárez Trashorras; las bombas fueron montadas en una casa de campo en Chinchón, activadas con tarjetas de móvil compradas por Jamal Zougam y distribuidas en 13 mochilas que al menos nueve terroristas colocaron en cuatro trenes de cercanías. Finalmente, siete de ellos se suicidaron en Leganés al verse cercados por la policía tres semanas después de los atentados.
Son los cuatro momentos clave del relato realizado por la Audiencia en los 57 folios dedicados a los "hechos probados" del 11-M. Lo que sigue es un resumen de esa reconstrucción a partir de extractos de la sentencia:


1/ Robo de la dinamita

El explosivo salió de la mina Conchita

"Toda o gran parte de la dinamita de los artefactos que explosionaron en los trenes el 11 de marzo y toda la que fue detonada en el piso de Leganés procedía de la mina Conchita.

En septiembre de 2001 coincidieron en el centro penitenciario de Villabona (Asturias) Rafá Zouhier y Antonio Toro. Una vez en libertad, Antonio Toro presentó a Zouhier a su cuñado José Emilio Suárez Trashorras.

Trashorras está en tratamiento desde 1997 por padecer un trastorno de la personalidad de tipo esquizoide que no anula su inteligencia y voluntad.

Zouhier fue captado como confidente por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los miembros de ese cuerpo Rafa y Víctor se convirtieron en sus contactos, los 'controladores' del confidente. A finales de enero o primeros de febrero de 2003, Rafá Zouhier puso en conocimiento de los guardias civiles reseñados que Antonio Toro se dedicaba a traficar con explosivos, que tenía 150 kilos para vender y que se los proporcionaba su cuñado Suárez Trashorras [...] Los miembros de la Guardia Civil pidieron a Zouhier que les consiguiera una muestra del explosivo [...] Tras obtener la opinión de un compañero experto en explosivos, destruyeron [la muestra] sin hacer un análisis de su composición.

Zouhier no volvió a hablar de explosivos a la Guardia Civil hasta después del 11 de marzo de 2004, a pesar de que estaba haciendo labor de intermediación para el suministro de detonadores y explosivos entre Jamal Ahmidan y Suárez Trashorras.

Entre octubre de 2003 y enero de 2004, Jamal Ahmidan, alias El Chino, acordó con Trashorras el suministro de dinamita procedente de las minas asturianas. De este trato estaba al tanto Rachid Aglif, sin que conste que Antonio y Carmen Toro, que sí tenían alguna noticia del mismo, intervinieran en él. Para concretar la operación, El Chino y Suárez Trashorras mantuvieron al menos dos reuniones en sendas hamburgueserías de Madrid, además de otras en número no determinado en Avilés.

Trashorras hizo llegar los días 5 y 9 de enero dos cargamentos de explosivos desde Asturias a Madrid mediante emisarios o transportistas: Sergio Álvarez -que recibió como pago "dos tabletas de hachís de unos 200 gramos" y que "era consciente de que transportaba algo ilícito, sin descartar que se tratara de explosivos"- e Iván Reis.

La dinamita era sustraida [de Mina Conchita] aprovechando el nulo control que había [...] Los explosivos eran cogidos directamente por los mineros de las cajas de 25 kilos que estaban en las bocaminas y sus alrededores. De igual modo, el acceso a los detonadores carecía de todo control, ya que las llaves de los minipolvorines donde se guardaban las tenían los mineros que al final de la jornada la dejaban escondida en una piedra o detrás de un árbol.

Cuando se detectaba por la Guardia Civil un desfase entre lo anotado en los libros y lo realmente consumido se limitaban a justificarlo como un error de anotación. La diferencia de dinamita entre lo realmente consumido y lo anotado en los libros se dejaba escondida en el monte de la mina en un sitio previamente convenido, de donde los recogía Suárez Trashorras.

En la tarde del 28 de febrero de 2004, Suárez Trashorras fue a buscar a Montoya Vidal en el Toyota Corolla. Le acompañaba Jamal Ahmidan, El Chino. En otro vehículo iban los fallecidos Mohamed Oulad Akcha y Abdennabi Kounjaa. Ambos vehículos se dirigían hacia la mina [...] Una vez allí, Suárez y El Chino se adentraron en ella. Pasados unos 45 minutos regresaron ambos y Trashorras le comentó a Jamal Ahmidan que se acordara de coger las puntas y tornillos.

Tras esto regresaron a Avilés, donde los forasteros compraron tres mochilas y otros efectos [...] Se encaminaron otra vez a la mina [...] donde se adentraron con las mochilas y bolsas. Pasadas varias horas regresaron los tres forasteros con las bolsas y mochilas cargadas [y] se dirigieron al garaje de Emilio en Avilés y allí sacaron los explosivos de las mochilas [...] Seguidamente volvieron a la mina por tercera vez y repitieron la operación para regresar cargados [...] El 29 de febrero, El Chino, Mohamed Oulad Akcha y Kounjaa emprendieron viaje de vuelta a Madrid con los explosivos. Durante el viaje de regreso, Jamal Ahmidan fue detenido por una patrulla de la Guardia Civil y exhibió a los agentes un pasaporte belga inauténtico. Éstos, tras denunciarle por exceso de velocidad y por no tener la documentación del vehículo en regla, le dejaron marchar".

2/ Montaje de las bombas

El centro de operaciones de la finca de Chinchón

"Al menos una parte sustancial de los explosivos fue ocultada en la finca que Jamal Ahmidan, alias El Chino, venía usando desde octubre de 2003. En dicha finca, con el objeto de ocultar la dinamita, Otman El Gnaoui y Hamid Ahmidan hicieron un agujero en el suelo. La finca era frecuentada también por El Fadoual El Akil y Abdelmajid Bouchar, además de por los fallecidos Mohamed y Rachid Oulad Akcha, Abdennabi Kounjaa, Rifaat Anouar Asrih y Sarhane Ben Abdelmajib Fakhet.

La tarjeta que estaba en el interior del teléfono que temporizaba y alimentaba el explosivo contenido en la bolsa descubierta en la comisaría de Puente de Vallecas [tras el atentado] había sido suministrada al grupo por Jamal Zougam, que la tenía a su disposición en el comercio Jawal Mundo Telecom-Locutorio Siglo Nuevo, en Madrid. Esta tarjeta formaba parte de treinta paquetes compuestos por tarjetas prepago de la compañía Amena y terminal Motorola C450. Los treinta fueron vendidos el 4 de febrero de 2004 por la empresa Uritel 2000 a Sindhu Enterprise, quien, tras separar los teléfonos de las tarjetas para obtener más beneficio, las vendió a la tienda de Zougam.

El 3 de marzo de 2004, la tienda Decomisos Top vendió a uno de los miembros del grupo terrorista nueve teléfonos de la misma marca y modelo que el del artilugio desactivado [tras el atentado]. Otro más, el décimo, fue vendido el 8 de marzo.

Todos esos teléfonos fueron encendidos, sin que hicieran o recibieran llamadas, entre las 2.24 horas del día 10 y las 2.24 horas del día 11 de marzo de 2004 bajo la cobertura de la BTS MD30243, ubicada en Morata de Tajuña [...] Fueron usados para temporizar y alimentar otras tantas bombas de las que explosionaron en los trenes el día 11.

La estación base de telefonía de Morata de Tajuña abarca la zona donde está ubicada la finca de Chinchón alquilada por Jamal Ahmidan el día 28 de enero de 2004 y usada por el grupo para sus actividades delictivas desde octubre de 2003.

Al menos nueve tarjetas de Amena de la partida de treinta que llegaron al locutorio de Zougam fueron usadas por los miembros del grupo que intervinieron en los atentados".

3/Mochilas en los tranes

Zougam colocó la bomba de Santa Eugenia

"Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet, Jamal Ahmidan, alias El Chino, Mohamed Oulad Akcha, Rachid Oulad Akcha, Abdennabi Kounjaa, Asrih Rifaat Anouar, Allekema Lamari y una octava persona que no ha sido identificada, junto con otras que se dirán [Jamal Zougam], en la mañana del 11 de marzo de 2004 colocaron, en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid, trece artilugios explosivos de iniciación eléctrica compuestos por dinamita plástica y detonador alimentados y temporizados por un teléfono celular o móvil.

A primera hora de la mañana del día 11, tres miembros de la célula terrorista, sin que se tenga la certeza absoluta de sus identidades, se desplazaron hasta Alcalá de Henares en una furgoneta blanca Renault, modelo Kangoo. Tras bajarse de la furgoneta, se dirigieron a la estación y colocaron en varios trenes que tenían por destino Madrid un número indeterminado de bolsas de deporte o mochilas que contenían cargas explosivas. Al tiempo, otros miembros del grupo hacían lo mismo subiendo a los trenes en lugares no determinados del trayecto.

Uno de los miembros del grupo, que no ha podido ser identificado de forma indubitada, tras colocar una o más bombas, fue visto sobre las 7.45 cambiándose de ropa entre dos casetas de obra [...] Entre los perfiles genéticos encontrados en la sudadera estaba el del procesado Otman El Gnaoui.

El último artilugio explosivo fue colocado por Zougam en el cuarto vagón del tren que salía de Alcalá a las 7.14 y explosionó a las 7.38 en Santa Eugenia.

En el transcurso de la inspección [de la Renault Kangoo] se encontraron siete detonadores industriales [...] Todos habían sido fabricados por Unión Española-Ensing Bickford y eran idénticos a los que más tarde se descubrirían cebando un artefacto explosivo que se desactivó en el parque Azorín de Madrid [la mochila de Vallecas], en el registro de la finca de Chinchón y en el desescombro de la calle Martín Gaite de Leganés".

4/Suicidio en Leganés

Llamada de despedida, vídeos 'yihadistas'

"Poco antes de las 15.15 del 3 de abril de 2004 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía localizaron un piso en la calle Martín Gaite de Leganés, en el que sospechaban que podía refugiarse todos o parte de los individuos que habían intervenido en los hechos del día 11 de marzo.

Sobre las 16.00, uno de los habitantes del piso, Abdelmajid Bouchar, bajó a tirar la basura y se percató de la presencia policial por lo que [...] emprendió veloz carrera. En el piso quedaron Abdennabi Kounjaa, Rifaat Anouar Asrih, Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet, Jamal Ahmidan, Mohamed Oulad Akcha, Rachid Oulad Akcha y Allekema Lamari. Alertados de la presencia policial, comenzaron a disparar.

Antes de las 18.20, Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet llamó a su madre a Túnez para despedirse, pues había decidido quitarse la vida antes que ser detenido. Lo mismo hicieron los hermanos Oulad Akcha con su familia y Abdennabi Kounjaa.

Los GEO llegaron sobre las 19.00. Tras ser informados de que había entre tres y cinco individuos atrincherados y de que tenían armas y explosivos, descartaron el asalto. Sobre las 20.30 cortaron la luz, el gas y el agua del edificio y conminaron a entregarse a los ocupantes del piso, sin resultado. Decidieron obligarles a salir. Los ocupantes respondieron con disparos y frases como "Entrar vosotros mamones, entrar vosotros...".

Los GEO lanzaron gas lacrimógeno al interior de la vivienda y segundos después se produjo una gran explosión al detonar los ocupantes unos 20 kilogramos de dinamita de la marca Goma 2 ECO. La explosión [...] causó enormes daños al inmueble y viviendas colindantes y mató en el acto a los ocupantes del piso y al subinspector de los GEO Francisco Javier Torronteras.

Esparcidos por el lugar se encontraron [...] borradores de los comunicados y reivindicaciones de los atentados del 11 de marzo, un escrito anunciando nuevos atentados así como otro sobre la colocación del artefacto explosivo en las vías del AVE Madrid-Sevilla. Asimismo se recuperaron vídeos sobre campamentos de Al Qaeda y sobre la organización terrorista Ansar Al Sunnah, en concreto una referida al atentado contra los miembros del CNI español en Irak el 29 de noviembre de 2003.

Los ocho ocupantes del piso junto con los procesados Rabei Osman Al Sayed Ahmed, Hassan el Haski, Youseff Belhajd, Abdelmajid Bouchar, Jamal Zougam, Basel Ghalyoun, Otman el Gnaoui, Gnaout o Kanoui, Mohamed Larbi Ben Sellam, Rachif Aglif, Mohannad Almallah Dabas, Fouad el Morabit Anghar, Mohamed Bouharrat, Saed el Harrak y Hamed Ahmidan, son miembros de células o grupos terroristas de tipo yihadista [...] Pretenden derrocar los regímenes democráticos y eliminar la cultura de tradición cristiano-occidental sustituyéndolos por un Estado islámico"."
Fonte: El Pais

Diário da República

Assembleia da República
De ter sido rectificado a Lei n.º 59/2007, de 4 de Setembro, que procede à 23.ª alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 170, de 23 de Setembro de 1982.
Ministério da Justiça - Conselho dos Oficiais de Justiça
Eleição dos vogais do Conselho dos Oficiais de Justiça e composição da comissão de eleições.
Tribunal Constitucional
Julga inconstitucional a norma que se extrai da conjugação do disposto nos artigos 13.º, n.º 1, 15.º, n.º 1, alíneao), e 18.º, n.º 2, e tabela anexa do Código das Custas Judiciais, na redacção do Decreto-Lei n.º 224-A/96, de 26 de Novembro, na parte em que dela resulta que as taxas de justiça devidas por um processo, comportando um incidente de apoio judiciário e um recurso para o tribunal superior, ascendem ao montante global de Euro 123 903,43, determinado exclusivamente em função do valor da acção, sem o estabelecimento de qualquer limite máximo, e na medida em que não se permite que o tribunal reduza o montante da taxa de justiça devida no caso concreto, tendo em conta, designadamente, a natureza e complexidade do processo e o carácter manifestamente desproporcionado desse montante.
Conselho Superior da Magistratura
Nomeação efectiva do Dr. Luís Miguel Cerqueira Pinto de Miranda.
in DRE

terça-feira, outubro 30, 2007

Jornada - Código de Processo Penal de 2007

(Clique na imagem para aumentar)


Problemas de interpretação e de aplicação no tempo.
Dia 14 de Novembro de 2007, às 10h00, no auditório da Faculdade de Direito de Lisboa
INSCRIÇÕES
Advogados Estagiários: www.formare.pt/oa
Advogados: Fax: 21 353 40 61 E.mail: centro.estudos@cdl.oa.pt www.formare.pt/oa
Taxa de Inscrição Gratuita, sujeita a inscrição prévia (inscrições limitadas)
Fonte: OA

Parabéns...ou talvez não!

Diário da República

Ministério da Justiça - Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios
Criação das unidades flexíveis do Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios.
Tribunal Constitucional
Julga inconstitucional, por violação do artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa, a interpretação dos artigos 23.º, n.º 1, 25.º, n.ºs 2 e 3, 26.º, n.º 12, e 27.º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro, acolhida no acórdão recorrido, segundo a qual o valor da indemnização devida pela expropriação, para construção de um terminal ferroviário, de um terreno, que objectivamente preenche os requisitos elencados no n.º 2 do artigo 25.º para a qualificação como "solo apto para a construção", mas que foi integrado na Reserva Agrícola Nacional por instrumento de gestão territorial em data posterior à sua aquisição pelos expropriados, deve ser calculado de acordo com os critérios definidos no artigo 27.º para os "solos para outros fins", e não de acordo com o critério definido no n.º 12 do artigo 26.º, todos do referido Código.
in DRE

segunda-feira, outubro 29, 2007

Ministério da Justiça - Comunicado de Imprensa

"Comunicado de Imprensa

No seguimento do comunicado hoje divulgado pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses, sobre a proposta de Lei 152/X, de 16.10.2007, aprovada na Assembleia da República, o Ministério da Justiça vem por este meio esclarecer...

1. No entendimento do Ministério da Justiça, da legislação sobre carreiras, vínculos e remunerações, agora aprovada na Assembleia da República, não decorrem efeitos sobre o regime dos Juízes e Magistrados do Ministério Público.

2. Tais efeitos só poderão ser atingidos através da adaptação dos respectivos estatutos, constantes de leis orgânicas e com precedência das audições e negociações indispensáveis.

3. Mais se informa que, no cumprimento do programa do Governo e conforme o acordo político - parlamentar celebrado entre os dois principais partidos com presença na Assembleia da República, encontra-se em discussão um anteprojecto de Lei para rever o Estatuto das Magistraturas não abrangendo qualquer destas matérias.

Gabinete de Imprensa"

Fonte: Ministério da Justiça

ASJP - COMUNICADO

"COMUNICADO

29 de Outubro de 2007

Em mais de 30 anos de democracia, é a primeira vez que se assiste à inclusão dos juízes no regime legal dos "trabalhadores da Administração Pública". Este processo legislativo foi concluído de forma "clandestina". A Assembleia da República aprovou, em 16.10.2007, sob proposta do Governo, a Proposta de Lei 152/X -"Reforma dos regimes de vinculação, carreiras e remunerações dos trabalhadores da Administração Pública", determinando a sua aplicabilidade aos juízes e sujeitando-os assim a tal regime.

Contrariou todos os compromissos que o Governo tinha assumido com os juízes e todas as regras de transparência democrática, pois não houve audição dos Conselhos Superiores da Magistratura e dos Tribunais Administrativos e Fiscais, dos Presidentes dos Supremos Tribunais e da ASJP, enquanto estrutura representativa dos juízes portugueses.

Uma cultura judiciária democrática não consente a imagem servil do juiz-funcionário. Não há nenhuma razão para que Portugal se exclua do grupo dos países mais avançados, que respeitam a separação de poderes e a independência dos tribunais.

Como tal, os juízes portugueses decidiram tomar a seguinte posição:

a) Rejeitam, em absoluto, esta tentativa de funcionalização do poder judicial, que mais não visa do que abrir caminho para o controlo dos tribunais pelo poder executivo;

b) Repudiam tão grave e insólita violação do respeito devido ao Poder Judicial e a menorização do seu estatuto constitucional;

c) Alertam para o facto de esta funcionalização dos juízes colocar em profunda crise o correcto e regular funcionamento das instituições democráticas num Estado de Direito;

d) Afirmam, solenemente, não abdicar do dever de administrar a justiça com independência, isenção e imparcialidade, e de se assumirem como últimos garantes dos direitos e liberdades dos cidadãos;

e) Informam os cidadãos e apelam todas as entidades interessadas no regular funcionamento do sistema judicial a que se pronunciem publicamente sobre este autêntico atentado à organização do sistema político-constitucional português, contrário às recomendações da Organização das Nações Unida e do Conselho da Europa sobre o estatuto de independência do juiz.

Os juízes desejam a melhoria do sistema de justiça e cooperar positivamente no processo de reformas em curso. Esta não é a forma possível.

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses irá proceder à avaliação da extensão e consequências da aprovação desta lei e, após audição dos juízes, anunciará brevemente as acções a desenvolver, no sentido de obviar, por todos os mecanismos legais, que a mesma venha a conseguir o seu objectivo de funcionalizar o poder judicial.

A Direcção Nacional da ASJP"
Fonte: ASJP

Justiça e Cidadania - Nova edição online

Vão ter muito que "monitorizar"...

Códigos Penal e Processo Penal com monitorização

"O Ministro da Justiça vai presidir, no dia 29 de Outubro, pelas 11h00, à cerimónia de assinatura do contrato entre o Ministério da Justiça, e o Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra - Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, para a monitorização dos recentes Códigos Penal e de Processo Penal, a realizar no Salão Nobre do Ministério da Justiça.
A monitorização destes novos códigos insere-se numa linha de orientação do Ministério da Justiça, que efectua sistematicamente o acompanhamento de outros diplomas relevantes e inovadores após a sua entrada em vigor.

O Observatório Permanente da Justiça Portuguesa é uma entidade de reconhecida qualidade científica que se dedica, de modo independente, à investigação sócio-jurídica sobre o sistema judicial e à aplicação do direito na sociedade portuguesa, tendo reconhecida experiência na avaliação de reformas legislativas.


Lisboa, 26 de Outubro de 2007

Gabinete de Imprensa do ministro da Justiça"

Fonte: Ministério da Justiça

E já lá vão 2 anos...

II Aniversário
VEXATA QUAESTIO
2 anos a acompanhar diariamente o Jurídico e o Judiciário na Web
Um obrigado a todos quantos ainda têm a paciência de por aqui passar.

domingo, outubro 28, 2007

Justiça & Arte - Tribunais Portugueses

"Virtudes cardeais: A Prudência e a Justiça"
Tribunal Judicial de Santarém
Euclides Vaz - 1954
(Fonte: Ministério da Justiça)

Magistratura averigua juíza Amália Morgado

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) abriu um processo de averiguações sobre a entrevista da juíza Amália Morgado, publicada na edição de 10 de Setembro passado do JN. Em causa estão as referências da ex-presidente do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto a alegados casos de corrupção supostamente ocorridos no âmbito do Ministério Público (MP) do Porto.

Amália Morgado, actualmente a exercer funções no Tribunal de Execução de Penas de Coimbra, para onde pediu transferência, foi quem enviou uma participação ao procurador-geral da República, Pinto Monteiro, sobre factos que lhe suscitaram dúvidas no âmbito de um processo em que Carolina Salgado, ex-companheira do presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, acabaria por ser acusada pelo MP por autoria moral dos crimes de incêndio e de ofensa à integridade física grave qualificada.

A juíza recusara suspender provisoriamente o processo aos alegados executantes do crime, conforme propôs o MP do Porto, que valorizou a confissão e entendeu que por estes foi apenas cometido o ilícito de dano - não o de incêndio, conforme Carolina terá ordenado.

Por outro lado, a denúncia de Amália Morgado está entre o conjunto de casos sob averiguação pela Procuradoria Geral da República (PGR), entre os quais se incluem as declarações da irmã de Carolina - que puseram em causa Maria José Morgado e um inspector da PJ encarregue da investigação Apito Dourado - e uma denúncia anónima denominada "Apito Encarnado".

Na entrevista, a magistrada lançou também várias críticas a procedimentos do MP e da Polícia Judiciária, no que toca a escutas telefónicas, bem como a colegas juízes, sobre quem denunciou utilizarem formulários pré-existentes, e completados por funcionários judiciais com os nomes dos arguidos, para terem menos trabalho na elaboração de despachos judiciais.

Pela circunstância de as declarações de Amália Morgado levantarem suspeita generalizada sobre vários magistrados, a directora do Departamento de Investigação e Acção Penal do MP do Porto, Hortênsia Calçada, enviou uma participação para o CSM sobre a entrevista. Mediante a queixa, foi aberto um processo de averiguações. Amália Morgado já foi ouvida por um inspector judicial. A averiguação do CSM poderá converter-se em inquérito ou processo disciplinar contra a juíza, se não for arquivada.

in
Jornal de Notícias.

sábado, outubro 27, 2007

Magistrados lutam contra o 'esvaziamento' do MP

Em nome da "modernização da justiça", o Governo está a "esvaziar" o Ministério Público (MP) de "competências e atribuições", retirando-lhe, nomeadamente, o contencioso dos acidentes de trabalho.

A acusação parte do sindicato do sector, que apela a todos os magistrados que se batam contra "esta política de erosão e esvaziamento dos mecanismos de controlo da legalidade", a qual, frisa, "pode vir a traduzir-se numa diminuição da protecção dos direitos constitucionais dos cidadãos".

Este alerta, no mais recente editorial da página oficial do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), surgiu na sequência da resolução aprovada em Conselho de Ministros, a 11 de Outubro, que visa "retirar aos Tribunais e ao Ministério Público (MP) o contencioso dos acidentes de trabalho para o entregar aos chamados meios alternativos de resolução de conflitos".

Mas não só. Surgiu a propósito, também, de um projecto de Código de Processos nos Tribunais Administrativos (CPTA), que anda a circular nos meios judiciários, o qual, "contrariando a Constituição", visa "reduzir as possibilidades de o MP intervir processualmente e recorrer de uma decisão quando estiver em causa a violação da lei por actos praticados pela administração pública".

O objectivo do Governo, explica o SMMP, é modernizar o sistema. Só que, acrescenta, tal noção de modernização implica "a redução dos mecanismos de controlo da legalidade e o afastamento dos tribunais da declaração e afirmação dos direitos dos cidadãos".

No caso dos acidentes de trabalho, que passam a ser resolvidos nos meios alternativos de resolução de litígios, nomeadamente em centros de mediação, "teremos as todas-poderosas companhias de seguros de um lado e os simples e vulnerados acidentados do outro". Segundo o SMMP, "tudo contra a especial protecção que a Constituição confere aos trabalhadores".

Neste sentido, o sindicato lança um apelo a todos os magistrados do MP para que impeçam, "pelo seu exemplo positivo e a visibilidade da sua utilidade social, o planeado e cínico esvaziamento das suas atribuições e competências".

O Governo, defende o sindicato, está a orientar a modernização da justiça por "princípios puramente liberais", pretendendo articulá-la "com essa realidade actual que é o direito da globalização". Porém, diz, tal direito "ameaça os princípios de igualdade e responsabilidade social subjacentes ao próprio direito penal e processual penal.

Alerta o SMMP que esse direito globalizado "não é nem democrático nem nacional e apenas pretende dar corpo à vitalidade e plasticidade dos interesses e negócios".

Por Licínio Lima, in
DN Online.

Alberto Costa defende escutas das 'secretas'

O ministro da Justiça, Alberto Costa, defendeu ontem a possibilidade de os Serviços de Informações fazerem escutas telefónicas. "Se é possível interceptar comunicações para investigar crimes já ocorridos, será também de contemplar a mesma possibilidade para garantir a segurança nacional, por exemplo, para prevenir um atentado terrorista", afirmou Alberto Costa, em entrevista ao Sol-online.

Referindo-se às recentes declarações do Procurador-Geral da República (PGR), Pinto Monteiro, ao mesmo jornal de que há escutas "exageradas" argumentou "Em termos quantitativos, temos as escutas que os nossos juízes têm entendido que devemos ter. Mas elas são sempre promovidas por magistrados do Ministério Público".

Esta semana, o presidente do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República Portuguesa (SIRP), Jorge Bacelar Gouveia, admitiu à Agência Lusa que "seria útil" que os Serviços de Informações pudessem realizar escutas telefónicas. Mas, acentuou, seria necessário alterar a Constituição e garantir que elas se fizessem sob "rigoroso controlo judicial" e mediante uma fiscalização político-parlamentar.

Jorge Bacelar Gouveia referiu que, recentemente e na sequência das declarações do PGR, surgiram comentadores políticos a sustentar que os Serviços de Informações já estavam autorizados a fazer escutas telefónicas, o que é um "equívoco".

Segundo Bacelar Gouveia, o Conselho de Fiscalização do SIRP não detectou violação dessa regra, a qual, à luz do Direito português, configura um "crime". Para que aqueles serviços pudessem realizar escutas, disse Bacelar Gouveia, que é também professor universitário e constitucionalista, seria preciso rever a Constituição.

Actualmente os Serviços de Informações "podem colher informações" que podem ser úteis na preparação da investigação criminal, mas não fazem escutas telefónicas, nem participam na "própria investigação criminal", em que as escutas, como meio excepcional de obtenção de prova, têm de ser autorizadas por um juiz, acrescentou.

in
Jornal de Notícias.

sexta-feira, outubro 26, 2007

CPP - Rectificação e Republicação...1ª TENTATIVA!

Uma atenta observação no IN VERBIS:
"O Suplemento ao Diário n.º 207 (ficheiro em PDF), do Diário da República, não tem qualquer descrição sobre o seu conteúdo na respectiva página do Diário da República Electrónico.Mas trata-se de uma importante Declaração de Rectificação (100-A/2007), que rectifica a Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, que procedeu à 15.ª alteração, e republicou o Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de Fevereiro.Parece, no entanto, que esta não vai ser a última rectificação. A própria Declaração de Rectificação vai precisar de ser rectificada, porque contém lapsos de escrita. Veja-se, a título de exemplo, o que consta na página 3: «Na epígrafe e no corpo do artigo 3.º (da parte preambular da Lei n.º 48/2007, de 29 de Dezembro), onde se lê»... É que a Lei 48/2007 é de 29 de Agosto pretérito e não do futuro 29 de Dezembro de 2007...."
Uma pergunta:
Para quando um pouco de rigor na técnica de legislar?

Justiça & Arte - Tribunais Portugueses

"Justiça entronizada"
Tribunal Judicial da Comarca de Alcácer do Sal
António Branco Paiva - 1975
Fonte: Ministério da Justiça

Diário da República

Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Justiça
Define o regime jurídico aplicável aos beneficiários extraordinários do subsistema de saúde dos Serviços Sociais do Ministério da Justiça.
Assembleia da República
Declaração de Rectificação n.º 100-A/2007:
Rectifica a Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, que procede à 15.ª alteração, e republica o Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de Fevereiro.
in DRE

quinta-feira, outubro 25, 2007

Tribunal sem espaço para guardar processos

Os juízes do tribunal de cobrança de dívidas de Lisboa têm mais de 20 mil processos por resolver. No total, são cerca de 180 mil processos pendentes, para um universo de 7 juízes. E se por um lado há um número reduzido de magistrados, a quantidade de processos do 1.º, 2.º e 3.º juízos de Execução de Lisboa, situado na Rua Braancamp, já obrigou a que parte deles tenham sido deslocados para a Rua Actor Taborda, na Estefânia. "Não temos espaço", confessa Maria Helena Silva, uma das juízas colocadas neste tribunal.

Para além da Rua Actor Taborda, os cerca de 50 funcionários judiciais que exercem funções nesse tribunal já se viram obrigados a pedir ao arquivo do Ministério das Finanças, que se situa na cave do mesmo edifício da Rua Braancamp, que cedesse as suas instalações.

Esta é a realidade de um dos mais importantes tribunais de cobrança de dívidas do País, no dia em que se comemora o dia europeu da justiça civil, realidade essa desdramatizada pelo Ministério da Justiça. Contactado pelo DN, fonte do gabinete de Alberto Costa responsabiliza o Conselho Superior da Magistratutra pelo reduzido número de magistrados. "O número de juízes foi o considerado adequado pelo Conselho Superior de Magistratura".

A mesma fonte avança que já está planeado pelo Executivo a transferência destes serviços para o futuro Campus de Justiça e que, "mesmo assim, foram concretizados melhoramentos nestas instalações", explica o gabinete. O Campus de Justiça de Lisboa, que o Governo prepara para 2008, e cujas instalações serão na Expo, vai albergar 11 tribunais que actualmente estão espalhados pela zona central de Lisboa.

O 3º Juízo de Execução de Lisboa foi criado em Julho de 2005, englobado num conjunto de medidas de desbloqueamento das pendências judiciais apresentado por Alberto Costa. Dois meses depois da abertura das instalações, a secção ainda não dispunha de um quadro de funcionários, nem de magistrados, para executar os processos. E ao fim de uma semana da aberura de portas, o 3º juízo já tinha acumulado mais de 17 mil acções de cobrança de dívidas. O Ministério da Justiça desdramatiza o aumento de acções executivas - que agora já chegaram a 180 mil - com as estatísticas oficiais que "mostram que há um aumento superior a 36%, de ano para ano, no número de processos findos".
Por FILIPA AMBRÓSIO DE SOUSA, in DN Online.

quarta-feira, outubro 24, 2007

CNPD promove V Encontro Ibero-Americano de Protecção de Dados

8 e 9 de Novembro de 2007 - CEJ Lisboa

A CNPD organiza o V Encontro Ibero-Americano de Protecção de Dados, que terá lugar nos próximos dias 8 e 9 de Novembro, no Centro de Estudos Judiciários (CEJ), em Lisboa. Realizado no âmbito da Rede Ibero-Americana de Protecção de Dados, que integra a maioria dos países da América Latina, bem como Portugal e Espanha, este Encontro contará também pela primeira vez com a participação de países africanos de língua oficial portuguesa, com o estatuto de observadores. A Rede tem desempenhado um papel dinamizador de cooperação entre os seus membros e de estímulo ao desenvolvimento de regimes de protecção de dados nos países que a integram. As matérias que vão estar em debate centram-se essencialmente nas questões de protecção de dados em torno dos vários tipos de transferências internacionais de dados pessoais. Serão igualmente discutidos os últimos desenvolvimentos legislativos e as iniciativas de Governo electrónico nos países da Rede e o tratamento de dados pessoais de crianças e menores.

Consulte aqui o progama

Fonte: CNPD

Dia Mundial da Erradicação da Pobreza

“Today, the world must refocus its attention, and its resources, on the places and people that are being left behind (…) Our task is to address these failings. As suggested by the theme for this year’s observance, we have to view people living in poverty as agents of change. This requires us to encourage national ownership of development strategies.”

Excerto da mensagem do Secretário-Geral da ONU, a propósito do dia mundial da erradicação da pobreza

Pela sua pertinência, aqui fica o texto da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados elaborado a propósito do dia Mundial da Erradicação da Pobreza:

"A agenda internacional ficou marcada no passado dia 17 de Outubro pela celebração do dia para a erradicação da pobreza. Este dia instituiu-se a partir da Resolução 47/196, de 22 de Dezembro de 1992

A efeméride foi celebrada com vários actos institucionais e iniciativas espontâneas da sociedade civil, de forma a aumentar a consciência social sobre o fenómeno, e alertar para a necessidade do cumprimento dos objectivos do milénio.

Para alguns, este tipo de institucionalização de dias temáticos são de bondade duvidosa e de proficuidade questionável. Para outros, a institucionalização, sob a égide da ONU, tem o mérito de colocar na agenda internacional estes temas, desenhando um calendário de direitos humanos enquadrável nos fóruns representativos dos Estados.

O dia para a erradicação da pobreza dá-nos o mote para que, nesta sede, façamos uma pequena reflexão sobre o mesmo e, em particular, sobre a situação de Portugal.

Se fizermos uma pesquisa geral sobre este tema, encontraremos muitas referências ao endividamento dos países de “terceiro mundo” ou “em vias de desenvolvimento”, bem como constantes comparações entre os países do norte e os países do sul.

As imagens correntes para ilustrar o problema da pobreza são, frequentemente, fotografias das ruas de países da América do Sul, mães de mãos cansadas retirando água de poços secos na África subsariana, habitações caóticas e sem condições mínimas de habitabilidade em cidades como Lima ou na Cidade do México, crianças que morrem de cólera na Índia pela falta de água potável, jovens que se prostituem no Bangladesh ou as burkas que escondem o rosto oprimido de mulheres, afastadas muitas vezes de cuidados de saúde básicos.

Estes são, sem dúvida, rostos da pobreza económica e humana extrema que contrasta, de uma forma quase grotesca, com o conforto e a opulência do estilo de vida do europeu ocidental ou norte-americano. Estes são os rostos da pobreza que nos levam indubitavelmente a questionar os modelos de crescimento económico e a falta de uma distribuição equitativa da riqueza.

Mas a pobreza não está só nos bairros de lata no Rio de Janeiro ou nas margens dos rios secos em África.

O rosto da pobreza está também nas ruas das grandes metrópoles europeias, nos subúrbios de Paris, nas cidades periféricas de Londres, na baixa lisboeta, nos arredores de Madrid e Barcelona.

A desigualdade social está nas escolas portuguesas, aguarda consulta num hospital público, espera nas filas dos centros de segurança social, e senta-se para comer uma refeição numa qualquer associação com poucos fundos no centro histórico de Lisboa, Porto ou Coimbra.

Recordemos os objectivos do milénio:
1. Erradicar a pobreza extrema e a fome
2. Alcançar a educação primária universal
3. Promover a igualdade do género e capacitar as mulheres
4. Reduzir a mortalidade infantil
5. Melhorar a saúde materna
6. Combater o HIV/SIDA, a malária e outras doenças
7. Assegurar a sustentabilidade ambiental
8. Desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento

Vejamos agora os números em Portugal em relação a 2005. O Instituto Nacional de Estatística divulgou alguns dos indicadores referentes a este fenómeno em Portugal a partir dos resultados do inquérito às Condições de Vida e Rendimento em 2005(1) .

Assim, e em 2005:

1- Cerca de 19% da população residente está em risco de pobreza, sendo que a taxa mais elevada (42%) regista-se nos grupos compostos por idosos que vivem sós e famílias com dois adultos e mais de três crianças dependentes;
2- O rendimento da população com maior rendimento era 6,9 vezes o rendimento dos 20% da população com menor rendimento, registando-se um valor de 38% de coeficiente de Gini(2);
3- As transferências sociais permitiram reduzir a taxa de pobreza em 7 pontos percentuais; se fossem apenas tomados em conta os rendimentos de trabalho, de capital e transferências privadas, 41% da população em Portugal estaria em risco de pobreza;
4- Numa análise comparativa com a UE, Portugal situava-se no grupo de 10 Estados Membros com taxa de risco de pobreza superior à média europeia, apresentando o valor de coeficiente de Gini mais alto;
5- Ainda numa análise comparativa por género, verificamos que as mulheres em risco de pobreza estão em maior número em relação aos homens.

Destes números poderão seguramente ser retiradas variadíssimas ilações, algumas mais intuitivas do que outras.
Vivemos numa sociedade desigualitária em que parece que o véu da ignorância cobre poucos, pois a distribuição da riqueza não parece ser feita da forma mais proporcionada.
Quando temos uma diferença entre rendimentos, há que colocar questões.
Será a nossa política fiscal eficaz?
Para onde estão a ser canalizados os rendimentos? Para fomentar uma economia moribunda? E o Estado lucra com essa dinamização económica? E as pessoas?
Há externalidades sociais visíveis: aumento do consumo, dos postos de trabalho, maior investimento público em redes sociais, resultado dos benefícios obtidos com a tributação sobre os rendimentos?

Recordemos novamente os objectivos do milénio.
Erradicar a pobreza e a fome. Como o fazer?
Sabemos que a lógica assistencialista não pode ser a única resposta, pois há que “empoderar” (neologismo que parte da tradução do anglicismo “empowerment”) as pessoas.

O acesso ao ensino obrigatório parece ser universal e gratuito. Mas quanto pesa no orçamento das famílias o encargo com a educação dos filhos? E de que vale garantir o acesso ao ensino, se depois o mercado oferece precariedade laboral e instabilidade?

Certamente que é importante fomentar que as mulheres frequentem a escola, e oferecer-lhes igualdade de oportunidades. Mas, de que valem essas igualdades formais, se a discriminação, não só no acesso ao mercado de trabalho, mas no próprio mercado de trabalho, está vincada e é sentida?

É importante melhorar a saúde materna e garantir os direitos sexuais e reprodutivos, a par da necessidade de combater o HIV. Mas, de que valem essas declarações de princípios, se não apostamos numa educação sexual baseada na responsabilidade?

Se continuamos a tratar do assunto com “pinças”, de que vale dizer que queremos eliminar a praga do HIV se, mais do que educar, queremos doutrinar os comportamentos sexuais sem qualquer acompanhemento ou efectivo acesso a meios contraceptivos com comparticipação?

Queremos que as mulheres sejam tratadas em condições de igualdade e punimos não só a discriminação directa, como também a indirecta, mas o que fazemos para prevenir e combater o crime de violência doméstica?

Queremos garantir um ambiente mais saudável, mas então porque continuamos a incentivar à utilização de automóveis, em vez de construirmos um modelo de transporte colectivo adaptado de facto às necessidades das pessoas?

Queremos garantir um ambiente mais saudável, mas encarecemos os produtos “amigos do ambiente”.

A desigualdade está no acesso ao direito, à saúde, ao emprego, à educação.

A pobreza não está só nas ruas da Guatemala ou nos bairros de lata das periferias das cidades.

Está bem no centro, nos prédios antigos, onde pessoas vivem com uma pensão de invalidez inferior ao salário mínimo nacional. A discriminação está nos nossos ciclos sociais, na forma como desprezamos os nossos concidadãos por motivos de género, proveniência social, etnia, orientação sexual.

A pobreza que deveremos combater é essa: a ideia que a pobreza tem uma imagem estilizada. Pobre é sem duvida quem vive com menos de um dólar por dia. Igualmente pobre é o casal com dois filhos estudantes, que ganha, no total, dois salários mínimos, e que mal consegue chegar ao final do mês.

Mas pobre é também o que discrimina, o que afasta, o que tenta redimir-se num dia em doações.

É pobre em cidadania, porque desconhece que a pobreza que existe é também a pobreza que ajuda a gerar.

Só uma cidadania consciente e activa, por oposição a uma cidadania de sobrevivência, poderá inverter esta tendência e fazer com que os direitos fundamentais se apliquem. Os direitos que todos temos a uma existência condigna.

Vemos com atenção que têm sido publicados diversos planos nacionais de forma a combater os fenómenos supra citados (veja-se, por exemplo, o III Plano Nacional para a Igualdade(3) e Plano Nacional contra a violência doméstica).

Vamos seguindo também com a devida atenção as matérias objectos de alterações legislativas, das quais destacamos, a título exemplificativo, o aumento da idade prevista para o reconhecimento ao complemento solidário para idosos (Decreto-Lei n.º 236/2006, de 11 de Dezembro) ou o abono de família pré-natal, que alarga o âmbito de protecção desta prestação social.

A nível ambiental, vemos uma crescente aposta nas energias renováveis.

Mas, quantas mais medidas não serão necessárias para prosseguirmos os objectivos do milénio? De que tipo de mudanças necessitamos para erradicar de facto a pobreza?

A eterna condenação a vivermos numa sociedade desequilibrada não deve ser dissuasora ao ponto de desistirmos da aplicação de mais e melhores políticas, de caminharmos mais caminhos no sentido de tornarmos a nossa vida mais condigna e justa.

Passou mais um dia para a erradicação da pobreza. O mundo não ficou mais rico, mas talvez algumas consciências tivessem ficado mais despertas.

Em tempos como os nossos, uma cidadania consciente pode ser ainda uma das nossas maiores riquezas e a mudança de alguns paradigmas um importante investimento.

Sobretudo um investimento na mudança de mentalidades. E certamente um investimento nas pessoas.

Vanessa Cunha
Notas:
2- Coeficiente de Gini: indicador de desigualdade na distribuição do rendimento que visa sintetizar num único valor as características dessa distribuição.
3 - Aprovados, respectivamente, pelas Resoluções do Conselho de Ministros n.º 82/2007 e 83/2007, ambas de 22 de Junho."
Fonte: Ordem dos Advogados

Assembleia da República - Discussão da Proposta de Lei nº 159/X sobre o Regime Penal da Corrupção do Comércio Internacional e no Sector Privado

Ficheiro Anexo:
Discurso do Ministro da Justiça 58.61 Kb

Ficheiro Anexo:
Proposta de Lei n.º 159-X 34.97 Kb
Fonte: Ministério da Justiça

Diário da República

Tribunal Constitucional
Não julga inconstitucional a norma extraída dos artigos 188.º, n.º 4, segunda parte, e 101.º, n.º 2, do Código de Processo Penal, na interpretação segundo a qual o juiz de instrução criminal não tem de assinar o auto de transcrição das gravações telefónicas nem tem de certificar a conformidade da transcrição; julga inconstitucional, por violação do artigo 32.º, n.º 1, da Constituição, a norma do artigo 188.º, n.º 3, do Código de Processo Penal, na interpretação segundo a qual permite a destruição de elementos de prova obtidos mediante intercepção de telecomunicações, que o órgão de polícia criminal e o Ministério Público conheceram e que são considerados irrelevantes pelo juiz de instrução, sem que o arguido deles tenha conhecimento e sem que se possa pronunciar sobre a sua relevância; e não julga inconstitucional o conjunto normativo integrado pela alínea f) do n.º 1 do artigo 1.º e pelos artigos 358.º e 359.º do Código de Processo Penal, na interpretação que qualifique como não substancial a alteração dos factos relativos aos elementos da factualidade típica e à intenção dolosa do agente.
in DRE

terça-feira, outubro 23, 2007

Ministro da Justiça preside à cerimónia de comemoração do 62º aniversário da Polícia Judiciária

Alberto Costa, ministro da Justiça, presidiu esta terça-feira, pelas 10h30, no Auditório da Fundação Serralves, no Porto, à cerimónia de comemoração do 62º aniversário da Polícia Judiciária.

No âmbito da investigação criminal, e por iniciativa do ministro da Justiça, foi aberta a admissão de mais 150 inspectores, cujo processo de ingresso já está a decorrer. Foi também decidida a aquisição de mais de 190 viaturas para os departamentos operacionais da Polícia Judiciária, sendo que 107 já foram mesmo adquiridas. Isto significa, uma renovação de 34% da frota afecta à investigação.

O evento contou ainda com uma conferência proferida por Cândido da Agra, professor da Universidade do Porto, subordinada ao tema “ Ciência, segurança e Justiça”.


Ficheiro Anexo:
Discurso do Ministro da Justiça 31.94 Kb

Ficheiro Anexo:
Programa - 62º aniversário da Polícia Judiciária 10.0 Kb

Fonte: Ministério da Justiça

Alberto Costa: "Procurador-geral da República teve uma intenção construtiva"

O ministro da Justiça, Alberto Costa, classificou hoje como construtiva a intenção do procurador-geral da República, Pinto Monteiro, ao referir-se às escutas telefónicas, mas criticou algum "alarmismo injustificado" que se seguiu a essas declarações.

"O senhor procurador-geral da República teve uma intenção construtiva. Não duvido, nem ninguém pode duvidar", afirmou Alberto Costa, que falava aos jornalistas no Porto à margem das comemorações do 62º aniversário da Polícia Judiciária.

O ministro considerou também que Pinto Monteiro é "uma personalidade de grande prestígio" e "todas as suas palavras devem ser levadas a sério, como contributo para o aperfeiçoamento das instituições na área da justiça".

Alberto Costa contestou, contudo, que se gere o que considera ser "um alarmismo injustificado" em torno das palavras de Pinto Monteiro.

Garantias sobre escutas "não diminuíram, bem pelo contrário"
Criou-se "um debate que se justifica menos hoje do que no passado". As garantias em matéria de escutas telefónicas "não diminuíram, bem pelo contrário", disse o governante.

"Há alguns meses, o regime legal era menos rigoroso e restritivo. Hoje, as situações em que se podem fazer escutas são menores do que aquelas que eram no passado e as formas de controlo são também mais apertadas", sublinhou Alberto Costa.

"Se tivesse conhecimento de alguma escuta telefónica à margem da lei, comunicava-o imediatamente ao senhor procurador-geral da República", afirmou Alberto Costa, referindo-se à eventual existência de escutas ilegais.

O ministro da Justiça disse igualmente que o procurador-geral da República "está em condições de dar todos os esclarecimentos que as suas palavras possam suscitar". O ministro disse ainda estar "sempre disponível" para esclarecer todas as dúvidas da Assembleia da República.

(...)

Procurador explica-se

O "superior interesse e conveniência do procurador e da Procuradoria" determina a posição do PS relativamente à audição parlamentar de Pinto Monteiro. Esta justificação, ontem avançada ao JN pelo porta-voz dos socialistas, Vitalino Canas, encaixa na disponibilidade manifestada pelo magistrado (através de fonte do seu gabinete) para prestar esclarecimentos aos deputados. É, por isso, certo que amanhã, na reunião da comissão parlamentar, será aprovada a deslocação do PGR à Assembleia da República.

O dirigente da maioria parlamentar fez ainda questão de sublinhar que "o PS não pretende fazer deste assunto um caso político", uma vez que se trata de uma alta figura do Estado.

Também a nova liderança do PSD se mostrou reservada, com Menezes a garantir que nada será feito que "belisque a imagem do procurador-geral da República". Uma declaração reforçada ao JN por Luís Montenegro, da Direcção parlamentar do PSD, ao garantir que será mantido "recato institucional" nesta matéria.

A iniciativa de chamar o ministro e Pinto Monteiro ao Parlamento partiu do CDS-PP, mas ontem só o PCP e o BE admitiram claramente votar a favor da presença do procurador. No requerimento que apresentaram, os democratas-cristãos também manifestam a vontade de ouvir Noronha do Nascimento, o presidente do Conselho Superior da Magistratura, e o ministro da Justiça, Alberto Costa.

O tom de desvalorização da importância das declarações de Pinto Monteiro foi dado pelos socialistas. Primeiro, o deputado Ricardo Rodrigues, da direcção da bancada parlamentar, considerou não haver "nada de novo" na entrevista, que classificou de "tipo privada" e a seguir, José Sócrates, citado pela Lusa, confessou não estar preocupado com o caso, preferindo realçar que "o ministro da Justiça já disse que estava disponível para ir ao Parlamento prestar esclarecimentos".

in
Jornal de Notícias.

"Poder feudal" gera mal-estar no MP

O ponto da entrevista que gerou mais mal-estar interno no Ministério Público (MP) tem a ver, soube o JN, com as alusões a um "poder feudal". "Há o conde, o visconde, a marquesa e do duque", disse Pinto Monteiro. O Sindicato dos Magistrados do MP recusou comentar a entrevista. António Cluny, o seu presidente, revelou apenas estar "atento".

Fontes do MP leram na afirmação uma pretensão de controlar a própria autonomia dos magistrados. E, eventualmente, abrir caminho para propor a alteração da lei com vista à retirada de poderes ao Conselho Superior do MP, de forma a que todos os magistrados colocados em lugares de responsabilidade passem a ser nomeados pelo PGR - e não eleitos. Notada foi também a mensagem transmitida quanto uma pretensa falta de controlo sobre a PJ.

Rui Rangel, juiz-desembargador e presidente da Associação Juízes pela Cidadania, assinala a intenção do PGR. "Há claramente um recado interno é preciso reforçar os poderes do PGR, nomeadamente no Conselho Superior do Ministério Público, onde o procurador tem um papel decorativo, e no domínio da cadeia hierárquica", disse, sublinhando que Pinto Monteiro pretenderá uma "varredela interna da estrutura do MP".

in
Jornal de Notícias.

Diário da República

Presidência do Conselho de Ministros - Centro Jurídico
Rectifica o Decreto-Lei n.º 303/2007, do Ministério da Justiça, que no uso de autorização legislativa concedida pela Lei n.º 6/2007, de 2 de Fevereiro, altera o Código de Processo Civil, procedendo à revisão do regime de recursos e de conflitos em processo civil e adaptando-o à prática de actos processuais por via electrónica; introduz ainda alterações à Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais e aos Decretos-Leis n.os 269/98, de 1 de Setembro, e 423/91, de 30 de Outubro, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 163, de 24 de Agosto de 2007.
Ministério da Justiça
Altera a Portaria n.º 1433-A/2006, de 29 de Dezembro, que regula o pagamento de custas e multas processuais.
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
Aprova a nova Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, revogando o Decreto-Lei n.º 341/93, de 30 de Setembro, e aprova a Tabela Indicativa para a Avaliação da Incapacidade em Direito Civil.
in DRE

segunda-feira, outubro 22, 2007

Comunicado do Conselho Geral OA

"Na sequência da entrevista concedida ontem [dia 20 de Outubro] pelo Senhor Procurador-Geral da República ao semanário Sol, na qual, entre outras afirmações, reconheceu não ter certezas sobre se o seu próprio telefone estaria sobre escuta, julga-se oportuno dizer o seguinte:

Ao longo dos últimos anos tem a Ordem dos Advogados desenvolvido uma intensa actividade, no sentido de que seja assegurado pelo Estado Português, que a intrusão na vida privada dos cidadãos, nomeadamente através das intercepções telefónicas, seja feita sempre no escrupuloso cumprimento da lei e nos termos e para os efeitos que nela se estabelecem, mormente nos artigos 187º a 190º do Código de Processo Penal.

As escutas telefónicas são um meio de obtenção de prova que, por se afastar da regra geral de protecção da reserva da vida privada e do sigilo das comunicações, ambas com dignidade constitucional, devem ser utilizadas, exclusivamente, nos termos legalmente previstos e incidirem, apenas, sobre suspeitos ou arguidos, intermediários na prática de crimes e vítimas que, para tanto, dêem o respectivo consentimento, tudo nos termos do artigo 187º número 4 do CPP.

A entrevista do Senhor Procurador-Geral da República deixa no ar a sensação de que, nesta matéria, podem existir desvios às regras legais, a ponto de o próprio Presidente do órgão superior do Ministério Público não saber, afinal, se ele próprio poderá ser alvo, neste momento, de escutas telefónicas, fora do escrutínio da legalidade.

Naturalmente que não podem ser reveladas publicamente quais as pessoas que, em determinado momento, são objecto de escutas telefónicas, devidamente autorizadas. Mas a entrevista do Senhor Procurador-Geral da República impõe, por parte das autoridades competentes, nomeadamente do Senhor Primeiro Ministro, do Senhor Ministro da Justiça e do Senhor Ministro da Administração Interna, que esclareçam, de forma cabal, quem, para além dos juizes de instrução no quadro dos respectivos processos, pode autorizar e executar escutas telefónicas. Mais deverão esclarecer, para que fique claro perante a opinião pública portuguesa, naturalmente atónita com afirmações como a que foi proferida pelo Senhor Procurador Geral da República, quem controla e quem se responsabiliza por tais escutas, sua audição, utilização e destruição.

Estas respostas são urgentes e exigidas pelo estado democrático de direito, que não se quer ver transformado num estado policial de direito ou, pior ainda, num estado policial sem direito.

E são particularmente necessárias quando está em discussão pública o projecto de Lei de Segurança Interna, no qual se prevêem um conjunto de actuações policiais, fora do quadro de processo criminais em curso, as quais levantam muitas dúvidas quanto ao controlo judicial que sobre elas de exercerá.

Esta matéria merecerá uma tomada de posição da Ordem dos Advogados nos próximos dias.


Lisboa, 21 de Outubro de 2007
O Conselho Geral da Ordem dos Advogados"
Fonte: Ordem dos Advogados

Polícia Judiciária perdeu 84 inspectores num ano

No espaço de um ano, a Polícia Judiciária (PJ) perdeu 84 inspectores - quebra de 7,6%, comparando o primeiro semestre de 2007 com igual período de 2006 - e revelou quebras significativas de operacionalidade em vários departamentos. A perda de eficiência destaca-se, sobretudo, na Directoria de Lisboa, onde, sem que tenham baixado os índices de criminalidade, diminuíram as detenções (32%), as buscas (13%) e as prisões preventivas.

É neste contexto, e à espera de uma nova lei orgânica, que a PJ assinala amanhã o seu 62.º aniversário. A cerimónia comemorativa, presidida pelo ministro da Justiça, Alberto Costa, vai decorrer no Auditório da Fundação Serralves, no Porto, e contará com uma conferência sobre "Ciência, Segurança e Justiça", proferida por Cândido da Agra, professor da Universidade do Porto.

Os sectores em que se regista uma maior perda de inspectores (10%) são a Direcção Central Investigação e Combate ao Crime Económico e Financeiro (DCICCEF) e a Direcção Central de Combate ao Banditismo (DCCB), o mesmo acontecendo em Aveiro e Braga (14%), Porto (8%) Faro (7%) e Lisboa (7%). Aliás, desde fins dos anos 90, a PJ perdeu 240 elementos de investigação criminal. Recentemente, recorde-se, o Ministro da Justiça anunciou a contratação de 150, operacionais em 2009. O que significa que, ainda assim, se vai manter o défice.

As detenções, a nível nacional, registaram um ligeiro aumento de 5,4% - 1 303 no 1.º semestre de 2006 e 1 374 no 1.º semestre deste ano. Porém, a média é quase toda suportada pelo desequilíbrio no Porto, com mais 101%, e Coimbra, mais 27%. Em Lisboa diminuíram 32%, e em Setúbal 29%. Em Ponta Delgada, Açores, as detenções baixaram 27%, e 15% em Faro. Na capital diminuíram também os número de presos preventivos - 125 para 112.

O volume de trabalho, contudo, não decresceu. Na comparação entre ambos os semestres verifica-se que os inquéritos entrados aumentaram 18% (de 10 611 para 12 531). Na DCCICEF, porém, diminuíram 5%, e 4% no departamento de Leiria. Regista-se também um aumento de 8,3% de inquéritos em investigação, com destaque para o Funchal e Coimbra, com mais 37,7% e 32,4%, respectivamente. Mas, em Lisboa, as investigações quase não cresceram, tendo diminuído 9% em Setúbal e Braga, 7%, na Guarda e 5% em Leiria.

Em termos de inquéritos saídos com proposta de acusação, a rubrica que melhor traduz a operacionalidade, a DCICDEF regista perdas de 11% sobre o primeiro semestre de 2006. Neste item, baixam também Braga e Ponta Delgada (24%), e Lisboa, 9%.

No combate ao crime económico-financeiro, embora o departamento tenha perdido 10% dos investigadores, as buscas aumentaram quase 80%, comparando-se ambos os semestres, verificando-se um crescimento ainda maior no número de intercepções telefónicas (52-130) . O número de arguidos também cresceu significativamente, tal como as vigilâncias. Em contrapartida, baixaram as detenções (13%) e as prisões preventivas - 11 no 1.º semestre de 2006, e apenas 5 no 1.º semestre deste ano.

Por Licínio Lima, in
DN Online.

Diário da República

Ministério da Justiça - Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.
Nomeações de conservadores.
Tribunal de Contas - Gabinete do Presidente
Nomeação do advogado Dr. António Miranda Ribeiro para prestar colaboração ao Gabinete do Presidente do Tribunal de Contas.
Tribunal de Contas - Gabinete do Presidente
Nomeação do Dr. António Manuel dos Santos Soares como juiz conselheiro do Tribunal de Contas.
Tribunal de Contas - Gabinete do Presidente
Nomeação do Prof. Doutor José Manuel Monteiro da Silva como juiz conselheiro do Tribunal de Contas.
Tribunal de Contas - Gabinete do Presidente
Nomeação do Dr. Raul Jorge Correia Esteves como juiz conselheiro do Tribunal de Contas.
Tribunal de Contas - Gabinete do Presidente
Nomeação da Dr.ª Helena Maria Mateus de Vasconcelos Abreu Lopes como juíza conselheira do Tribunal de Contas.
in DRE